Ciudad de México.- La reciente integración de la Cámara de Diputados, dominada por la mayoría calificada de la Cuarta Transformación (4T), ha generado controversia al desacatar una orden judicial que impedía iniciar el proceso legislativo de la reforma judicial. Esta reforma, que incluye la elección de jueces por voto popular, fue suspendida provisionalmente por juzgados en Morelos y Chiapas, lo que debía frenar su discusión en la Cámara. Sin embargo, Morena y sus aliados avanzaron con el proceso deliberativo, lo que ha sido visto como una clara desobediencia al mandato judicial.

El pasado sábado, la jueza federal Martha Magaña de Morelos dictó que el dictamen de la reforma no debía ser discutido ni votado por la Cámara de Diputados, ni mucho menos enviado al Ejecutivo. A pesar de esta resolución, la Cámara de Diputados continuó con la publicidad del dictamen, anunciando su próxima discusión en el Pleno. Al mismo tiempo, diputados de la 4T amagaron con iniciar un juicio político y una denuncia penal contra los jueces que emitieron las suspensiones, actuando bajo protesta debido al paro de labores en el que se mantienen.

Este desacato ha generado preocupación entre expertos en derecho, como José Perdomo, quien advirtió que ignorar el mandato judicial podría afectar gravemente el Estado de Derecho en México. Mientras tanto, Eduardo Andrade, exabogado general de la UNAM, calificó de “monstruosidad jurídica” la suspensión provisional dictada, subrayando la improcedencia de amparos en contra de reformas constitucionales.