Estados Unidos.- Una controvertida táctica empleada por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos se encuentra bajo un intenso escrutinio político y judicial, luego de revelarse que las autoridades federales permitieron que toneladas de fentanilo ingresaran al mercado negro para armar expedientes criminales de mayor envergadura.
El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, el congresista republicano James Comer, envió una carta formal al secretario de Justicia Todd Blanche para exigir la entrega inmediata de todos los expedientes y registros relacionados con la estrategia de vigilar y no incautar los cargamentos de la mortal sustancia sintética.
La pesquisa del Congreso estadounidense coincide con una demanda interpuesta por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien exigió al Departamento de Justicia transparentar los documentos tras descubrirse que informantes de la DEA recibieron órdenes directas de retirarse y no intervenir en el decomiso de cientos de miles de pastillas.
Este escándalo estalla tras investigaciones periodísticas que documentaron cómo los agentes vigilaron repetidamente el tránsito del opioide entre dos mil veintitrés y dos mil veinticinco, permitiendo que la droga fluyera hacia las calles en pleno pico de la epidemia de sobredosis, contradiciendo las campañas de concientización pública del propio gobierno federal y las normativas que catalogan al fentanilo como un arma de destrucción masiva.
