México.- Una investigación federal que comenzó en 2019 ha puesto al descubierto un complejo esquema de comercialización ilegal de combustible —mejor conocido como huachicol— que, según fuentes de seguridad, estaría ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que utiliza como fachada supuestas importaciones marítimas de hidrocarburos.
El caso tomó relevancia nacional a finales de marzo, cuando autoridades aseguraron 18 millones de litros de combustible robado en puertos de Tamaulipas y Baja California, en una de las operaciones más grandes contra el robo de combustible en los últimos años.
La empresa Mefra Fletes, con operaciones en Nuevo León y Jalisco, ha sido señalada como una de las principales involucradas en los recientes decomisos. De acuerdo con autoridades, varias pipas halladas en el puerto de Ensenada pertenecen a esta firma, al igual que los terrenos en Tampico y Altamira, donde se almacenaba huachicol.
Además, se investiga su relación con Impulsora de Productos Sustentables (IPS), una empresa fundada en 2013 en Guadalajara, dedicada oficialmente a la compra, venta, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
Ambas firmas formarían parte de una red empresarial más amplia que incluye al menos 15 empresas fantasma o factureras, algunas de las cuales están presuntamente ligadas al CJNG, según las indagatorias.
La modalidad de huachicol que ahora preocupa a las autoridades consiste en simular importaciones de combustible vía buques. El hidrocarburo entra por puertos legales pero termina desviado a redes paralelas de distribución, sin pasar por controles fiscales o de seguridad energética, y generando ganancias multimillonarias para el crimen organizado.
Esta ruta representa una evolución del robo de combustible que antes se enfocaba en ductos de Pemex, y ahora aprovecha lagunas regulatorias en el comercio marítimo y portuario.
En recorridos recientes realizados por Grupo Reforma, se constató que las instalaciones de Mefra Fletes, ubicadas a menos de un kilómetro de la refinería de Cadereyta, se encuentran bajo resguardo de la Guardia Nacional las 24 horas. Aunque no hay sellos visibles de clausura, la actividad en los patios industriales es nula: no se observan movimientos de entrada o salida.
Dentro del predio se encuentran numerosas pipas, tráileres y cajas secas, lo que confirma su capacidad logística para mover grandes volúmenes de combustible.
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Las autoridades continúan el rastreo de las conexiones fiscales y logísticas de estas empresas, mientras se prepara una ofensiva legal para desmantelar la red completa. Se anticipan procesos por lavado de dinero, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.
La dimensión del caso refuerza las alarmas sobre el control del CJNG en actividades económicas formales, así como su capacidad para infiltrar sectores estratégicos como el energético.
