Ciudad de México.- En su tercer informe sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exhibió una «operación coordinada» por una «serie de autoridades» del gobierno de Enrique Peña Nieto, las cuales «cometieron distintas ilegalidades» en la construcción de la llamada «verdad histórica».

El GIEI determinó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), la Policía Federal (PF) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) -dependiente de la Secretaría de Gobernación- cometieron «falsificación de constancias procesales, detenciones ilegales y torturas, alteración de posibles escenas del crimen», entre otros, para impulsar la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

A excepción de Tomás Zerón de Lucio, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y está ahora prófugo en Israel, sujeto a una solicitud de extradición por su participación en actos de tortura, los entonces titulares de esas instituciones han continuado sus vidas y carreras sin enfrentar la justicia y algunos incluso han ascendido en el servicio público.

El propio Peña Nieto, Jesús Murillo Karam (PGR) -hoy detenido- y Eugenio Ímaz Gispert (Cisen) se han retirado de la esfera pública; Miguel Ángel Osorio Chong (Gobernación) preside la bancada del PRI en el Senado y Enrique Galindo Ceballos (PF) es presidente municipal de San Luis Potosí.

Vidal Francisco Soberón Sanz (Semar) es ahora asesor del almirante Rafael Ojeda Durán en la misma dependencia, cargo por el cual recibió 1 millón 930 mil pesos del erario en 2021, según su declaración patrimonial.

Por cierto: cuando sucedió la tragedia y en las semanas siguientes, durante las cuales la Semar envió soldados a manipular el basurero de Cocula, Ojeda era jefe de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero.

El general Salvador Cienfuegos Zepeda (Sedena), quien se enfrentó al GIEI y se negó a cooperar con la investigación, tuvo un trato aún más favorable: a principios de 2021 fue rescatado de Estados Unidos por la Cancillería en una inédita operación diplomática que le evitó un juicio por narcotráfico. Como integrante de la cúpula militar, Cienfuegos estuvo presente el pasado 21 marzo en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles protagonizada por López Obrador.

Alejandro Saavedra Hernández, entonces comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, fue elevado a jefe del Estado Mayor por Peña Nieto. A pesar de que su nombre se rumoreaba entre los prospectos para encabezar la Sedena en la administración de López Obrador, el tabasqueño prefirió a Luis Crescencio Sandoval y dio a Saavedra la dirección general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

De los civiles, Omar García Harfuch, quien era coordinador de la PF en Guerrero, fue nombrado por Peña Nieto al frente de la AIC en lugar de Zerón y encabeza ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

Rodrigo Archundía Barrientos y Gustavo Salas Chávez, quienes dirigieron la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada -dependiente de la PGR- durante la investigación de Ayotzinapa, también continuaron en el servicio público: el primero acaba de ser designado fiscal general del Estado de México y el segundo es subsecretario en el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, exsecretario de Seguridad de López Obrador.