Durante décadas, los salarios mínimos en México perdieron poder adquisitivo. Revertir esa situación era necesario y los incrementos registrados desde 2019 representan un avance que sería digno de reconocimiento, de no ser por que la inflación —provocada en gran medida por el derecho de piso, el robo en carreteras y a la inseguridad que representa un costo aproximado de 124 mil millones anuales a las empresas—, se comiera la mayor parte de esos aumentos.

El salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026. Pero, incluso si se tratara de un incremento real, con un impacto favorable en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, es importante dejar claro que, mejorar el salario de quienes tienen empleo formal es solamente una parte del desafío. La otra, en la que peores resultados entrega el actual régimen, consiste en generar oportunidades para que millones de mexicanos puedan acceder a esos beneficios.

Ahí aparece una asignatura pendiente de nuestra economía. De acuerdo con el INEGI, alrededor del 55% de los trabajadores mexicanos permanece en la informalidad. Son millones de personas sin acceso a las prestaciones que ofrece un empleo formal. Los gobiernos de Morena han impulsado aumentos salariales, pero sus resultados en inversión, crecimiento económico y formalización laboral obligan a preguntarnos si existe una estrategia suficientemente integral. Necesitamos políticas que faciliten la inversión productiva, fortalezcan a las pequeñas empresas y multipliquen los empleos con seguridad social.

Existe, además, otra contradicción que merece explicaciones. Los incrementos salariales también elevan diversas aportaciones patronales y contribuyen al financiamiento del Seguro Social. Se miente al afirmar que el IMSS ofrece atención gratuita: el Instituto se sostiene en muy buena medida de las cuotas obrero-patronales. Y si no están siendo suficientes no es por responsabilidad de las personas trabajadoras ni del empresariado mexicano.

Según cifras del propio IMSS, entre 2018 y 2024 los ingresos obrero-patronales aumentaron de 434 mil millones a 566 mil millones de pesos anuales, medidos a precios constantes de 2024. Estamos hablando de un crecimiento real superior al 30%. Incluso el Instituto reconoce que entre 2021 y 2024 la recaudación superó en 117 mil 600 millones de pesos las metas presupuestadas. La pregunta es, entonces, ¿Por qué los recursos están siendo claramente insuficientes? Y no aparecen demasiadas opciones para responder que no sean la corrupción y los malos manejos.

Y es que, el fortalecimiento de la recaudación convive con problemas persistentes de atención. Coparmex advierte que durante 2024 cerca de 16 millones de derechohabientes que recibieron atención médica tuvieron que buscarla fuera del IMSS. A ello se suman las denuncias de desabasto, insuficiencia de personal y rezagos hospitalarios que han provocado movilizaciones de sus propios trabajadores.

Es cierto que el Seguro Social enfrenta mayores necesidades de atención, presiones financieras y obligaciones que van mucho más allá de los servicios hospitalarios. También debe reconocerse la construcción de nueva infraestructura. Pero precisamente por eso necesitamos información transparente que permita evaluar cuánto se invierte, cómo se distribuyen los recursos y qué resultados reciben los derechohabientes.

México necesita una política económica y social que conecte tres objetivos: mejores salarios, más empleos formales y servicios públicos de calidad. Para conseguirlo hacen falta condiciones favorables a la inversión, incentivos a la formalización, financiamiento sostenible del IMSS y evaluaciones públicas sobre medicamentos, tiempos de espera y atención efectiva.

El salario mínimo ha mejorado. El desafío es que esa recuperación llegue a más trabajadores y que sus aportaciones se traduzcan en una seguridad social que verdaderamente los proteja. Lo que estamos viviendo es sí, una recuperación salarial nominal, pero, con un incremento en la carga social que deben de cubrir los patrones que desincentiva la creación de más empleos (y que, en algunos casos, ronda el 400%) que no se ve reflejada en una mejora sustancial en la atención de la salud de las personas trabajadoras; quienes, para colmo, terminan destinando buena parte de ese incremento salarial en el pago de médicos y medicinas. Es decir que, a la larga, todos terminan perdiendo, con excepción del gobierno que se para el cuello al clamor de: todo está requetebién.