Durante años, desde Morena nos dijeron que recuperar el control del sector energético era recuperar la soberanía nacional. El resultado empieza a verse con extraordinaria claridad… cada vez que se va la luz. En distintas regiones del país, los apagones, las variaciones de voltaje y las interrupciones prolongadas dejaron de ser una molestia ocasional para convertirse en parte de la vida cotidiana. Y cuando una falla comienza a repetirse hasta volverse costumbre, ya no estamos ante un accidente: estamos ante un problema de infraestructura y de gobierno.

Durante junio se reportaron afectaciones eléctricas en al menos 20 estados del país, desde el sureste hasta el norte. El propio gobierno federal ha reconocido que el problema se encuentra, principalmente, en la distribución: líneas insuficientes, redes sometidas a una demanda creciente y una infraestructura que necesita fortalecerse. El calor extremo agrava la situación, por supuesto; pero precisamente para eso sirve la planeación: para anticipar lo que todos sabemos que ocurrirá cada verano.

Claro que desde el gobierno encontraron una solución mucho más económica: discutir cómo debemos llamar al problema. Nos dicen que no son “apagones”, sino “interrupciones”. Supongo que cuando una familia se queda varias horas sin electricidad, cuando se quema un refrigerador o cuando un negocio tiene que cerrar, el consuelo será enorme: técnicamente no sufrió un apagón, solamente una interrupción. Qué alivio.
En La Laguna conocemos perfectamente esa realidad. Las fallas han afectado hogares, comercios, industrias y servicios públicos. Y aquí existe un elemento adicional: cuando se interrumpe la energía también pueden dejar de funcionar los pozos que abastecen de agua potable. Es decir, una red eléctrica deficiente termina multiplicando los problemas de una región que genera inversión, empleo y riqueza para México.

Por eso presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exigir una respuesta seria. No discursos. No explicaciones improvisadas después de cada falla. Información, inversión, mantenimiento y responsabilidades.
La propuesta solicita a la CFE un informe técnico detallado sobre las interrupciones registradas durante 2025 y 2026: cuántas ocurrieron, cuánto duraron, cuáles fueron sus causas, qué zonas afectaron, en qué condiciones están las subestaciones y redes y cuánto se ha invertido realmente en fortalecerlas. También planteamos un Programa Extraordinario de Diagnóstico, Mantenimiento, Modernización y Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, dando prioridad a las zonas con más fallas y a instalaciones críticas como hospitales, pozos de agua y servicios de seguridad.

Pero tampoco podemos seguir administrando estos problemas desde escritorios aislados. Por eso propuse instalar una Mesa Técnica Permanente donde participen autoridades federales, estatales y municipales, organismos operadores de agua, empresarios, universidades y sociedad civil. Necesitamos prioridades claras, compromisos verificables y seguimiento público.

Cada apagón tiene una factura que hoy el gobierno traslada cómodamente a los ciudadanos. La paga la familia cuyo aparato se descompone; el comerciante que pierde mercancía; la empresa que detiene una línea de producción; el trabajador cuya fuente de empleo pierde competitividad.

México quiere atraer inversiones, aprovechar el nearshoring y competir en una economía cada vez más electrificada. Difícilmente lo conseguiremos si nuestra carta de presentación es: “Bienvenidos a México; esperamos que hoy sí haya luz”.
Modernizar la red eléctrica no es un gasto. Es infraestructura básica para crecer. Y en La Laguna, como en el resto del país, no estamos pidiendo privilegios: estamos exigiendo algo mucho más elemental: Que cuando alguien oprima el interruptor, la luz encienda.