México.- El agregado judicial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá envió una carta por correo electrónico al director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia el 16 de diciembre de 2020. Dos meses atrás, había solicitado el uso de agentes encubiertos para llevar a cabo una entrega controlada de cocaína, pero hubo un cambio abrupto de planes basado en nueva información de inteligencia.

La operación se ampliaría a México como país de tránsito hacia Estados Unidos e incluiría el transporte de hasta 200 kilos de cocaína, cinco kilos de heroína, 20 kilos de metanfetamina y 20 kilos de otra sustancia sintética ilegal no especificada. Además, se autorizó el uso de hasta 2 millones de dólares para pagos y transacciones.

La carta, con membrete de la División Criminal del Departamento de Justicia, estaba dirigida a la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. En la comunicación, también solicitaron permiso y apoyo para realizar vigilancia, seguimiento, búsquedas en bases de datos e interceptación de teléfonos de los criminales para obtener evidencia que pudiera ser útil en futuras capturas y extradiciones.

Se afirmó que la diplomacia mexicana estaba al tanto y aprobaba el eventual cruce de drogas por su territorio. La DEA aseguró que «el gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia DEA, ha comunicado el origen y propósito de esta operación a las autoridades apropiadas de México».

Al día siguiente, la Fiscalía colombiana aceptó el trabajo de agentes encubiertos y entregas controladas de drogas. El gobierno colombiano permitió la incorporación de dos agentes encubiertos del Grupo Apoyo Estupefacientes SIU, acompañados de dos agentes de control para supervisar y apoyar la operación.

La operación, denominada «New Generation», fue considerada de riesgo medio en general, pero con un alto riesgo para los agentes. La misión implicaba ganarse la confianza de la organización delictiva para realizar transacciones con drogas y dinero.

En este reportaje se abordan investigaciones de operaciones encubiertas de entrega controlada en las que se asegura que México otorgó permisos para el tránsito y/o destino de drogas y dinero ilícito en el periodo 2019-2022, correspondiente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estas operaciones alcanzan 5 millones de dólares, 5.4 toneladas de cocaína, 10 kilos de heroína, 40 kilos de metanfetamina y 40 kilos de sustancias ilegales sintéticas no especificadas.

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Se destaca que estas entregas controladas autorizadas a la DEA por el gobierno mexicano se producen en medio de la violencia extrema y el empoderamiento de grupos criminales en México, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Además, ocurren en un periodo de tensión entre el gobierno mexicano y la DEA, exacerbada por la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020 y otras disputas.

Para este reportaje, se buscó la versión de las autoridades colombianas y de la DEA, pero no hubo respuesta. En México, se solicitaron versiones a varias instituciones, pero ninguna quiso abordar el tema. El reportaje forma parte de #NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global liderada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).