La Administración de Donald Trump intensificó su ofensiva contra el crimen organizado transnacional al ofrecer recompensas de hasta 10 millones de dólares por datos que permitan desmantelar las redes de robo y reventa de combustible vinculadas a agrupaciones catalogadas como organizaciones terroristas extranjeras.
Mediante el programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, Washington busca cortar una fuente de financiamiento que genera cientos de millones de dólares ilícitos para estas estructuras delictivas.
El listado oficial identifica como objetivos prioritarios a seis agrupaciones mexicanas: los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, sumando también a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua.
Autoridades estadounidenses señalaron que estas redes ejecutan actos terroristas y violencia extrema, financiándose mediante el huachicoleo, el tráfico de narcóticos, el secuestro y diversas operaciones ilícitas en el sector inmobiliario.
Más allá de la extracción ilegal de hidrocarburos, la estrategia financiera apunta hacia los mecanismos de lavado de dinero y facilitación económica que sostienen a dichos grupos criminales.







