Montrrey.- La trágica muerte de Jaqueline Yamileth, una joven de 25 años oriunda de Saltillo, ha catalizado una iniciativa de reforma al Código Penal de Nuevo León. La propuesta busca castigar con penas de prisión a los directivos de centros médicos que permitan la realización de procedimientos estéticos por personal no certificado, una práctica que habría sido la causa del fallecimiento de la joven.
La diputada local del PRI y presidenta de la Comisión de Salud, Gabriela Govea, presentó el documento con el objetivo de que las sanciones superen los 10 años de prisión. Según Govea, el problema radica en que el marco legal actual no contempla castigos para los establecimientos que operan con personal sin las certificaciones necesarias.
El pasado 12 de agosto, Jaqueline Yamileth murió tras sufrir complicaciones durante una lipoescultura en un quirófano del Edificio Médico de Especialistas, en Monterrey. De acuerdo con la autopsia, la joven sufrió la perforación de un pulmón y el hígado. La legisladora Govea confirmó que el médico que encabezó la operación no contaba con la certificación necesaria como cirujano plástico reconstructivo.
La iniciativa también propone extender el delito de usurpación de funciones para sancionar a quienes practiquen procedimientos estéticos sin el certificado vigente. Además, busca imponer sanciones a las personas que ofrecen “tandas” de cirugías a través de redes sociales, un esquema de financiamiento informal que a menudo carece de las garantías necesarias para la seguridad de los pacientes.
La diputada Govea alertó que el caso de Jaqueline no es aislado. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) ha documentado que más del 52% de las cirugías plásticas y estéticas en México son realizadas por personal que no cuenta con la certificación requerida. La propuesta legislativa busca combatir directamente esta cifra, imponiendo penas más severas y desincentivando las redes que promueven procedimientos ilegales y peligrosos.
