Estados Unidos.- La intervención estadounidense en Venezuela del 3 de enero de 2026 marcó un giro significativo en la relación entre Washington y Caracas. Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales vinculados con narcotráfico y terrorismo. En paralelo, Marco Rubio fue designado como responsable de supervisar los activos venezolanos, incluyendo la gestión de ingresos petroleros, en el marco de una estrategia de estabilización del país.
Estados Unidos ha promovido un plan dividido en fases, que incluye la estabilización económica, la participación de empresas extranjeras en la industria petrolera y una eventual transición política. Bajo esta estrategia, se prevé procesar millones de barriles de crudo en refinerías internacionales y destinar los ingresos a necesidades humanitarias y proyectos de reconstrucción, manteniendo al mismo tiempo presión sobre las estructuras internas de Venezuela mediante sanciones y supervisión financiera.
Dentro de Venezuela, el Tribunal Supremo designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, garantizando la continuidad del Estado según la constitución local. Mientras tanto, los ingresos petroleros gestionados por Estados Unidos buscan apoyar la reconstrucción y la transición política, sin que exista un control administrativo directo del país por parte de Washington, aunque sí una supervisión económica significativa.
