Ser maestra o maestro siempre ha implicado vocación, paciencia y una enorme responsabilidad social. Pero hoy, en muchos casos, también significa trabajar bajo la sombra del miedo. Miedo a una acusación falsa, a un conflicto mal manejado, a una denuncia utilizada no para buscar justicia, sino para presionar, intimidar o incluso extorsionar.
No se trata de una percepción aislada. Tan solo en 2025, en la región Laguna, se registraron al menos 15 denuncias falsas contra docentes. Casos en los que el señalamiento se convirtió en un instrumento de presión que dañó reputaciones, estabilidad laboral y salud emocional. Aunque algunas acusaciones se desmoronan con el tiempo, el daño ya está hecho.
Esto no significa ignorar los derechos de niñas, niños y sus familias. Al contrario: una comunidad escolar sana necesita reglas claras, procedimientos justos y autoridades que actúen con responsabilidad. El problema surge cuando no existen protocolos que den certeza a todas las partes y se deja a los docentes en total indefensión.
Por eso, el año pasado presentamos en el Congreso de Coahuila la propuesta de Ley PROTEM. Una iniciativa que no busca encubrir malas prácticas, sino garantizar el debido proceso, la investigación imparcial y la responsabilidad, protegiendo tanto a las familias como a quienes enseñan.
Hoy hago un llamado a las autoridades educativas y a la sociedad en su conjunto. Defender a las y los docentes es defender la educación. Sin certeza, sin respaldo y sin justicia, el aula se debilita. Y cuando eso ocurre, perdemos todos.
